Cuánto nos cuesta un crimen
Mtro. Jesús CurecesRios
Aunado a la influencia negativa en la productividad, el delito ocasiona grandes erogaciones al Estado, por lo que debe prevenirse y cuando se realice, atender en forma adecuada al delincuente, a la víctima y al núcleo social dañado, a fin de evitar el reciclaje criminal en los centros de reclusión.
La reincidencia causa gastos al erario público, que rescatándose, pueden ser aplicados a otros rubros de la administración como la educación, la infraestructura y mejoramiento de las condiciones sociales en general.
Para poner un ejemplo del costo del delito, recordemos el estudio que el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón realizó en el año de 1965. Sólo por delitos violentos, el Estado gastó 37 mil millones de pesos, lo que significaba más de la mitad del presupuesto de egresos de la nación de aquella época.
El Dr. Rafael Ruiz Harrell, realiza en 1974 un estudio sobre el homicidio, donde incluyó el costo que representa al Estado el proceso penal y la etapa de compurgación de la sentencia en reclusorios, mencionando que cada homicidio le costó a nuestro erario $8 millones 300 mil viejos pesos.
Sin embargo, en éste estudio, lo que no se tomó en cuenta y pienso que significa un gasto social muy alto, es el dinero que el responsable del delito dejó de ganar en un trabajo lícito durante el tiempo de reclusión. Aunado a ésto, el dinero que dejó de percibir la víctima durante sus años productivos, el cual es altísimo, tomando en cuenta el promedio de vida del mexicano que oscila alrededor de los 65 años y también que las víctimas de homicidios son, en su mayoría, jóvenes de entre 20 y 30 años, además de los gastos propios del funeral, panteón, tramites etcétera.
Cuando un individuo comete un delito se hecha a andar toda la maquinaria de seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y readaptación social: Policía Preventiva, Policía Ministerial, Policía Judicial Federal, Ministerio Público del Fuero Común y Federal, Juzgados del Fuero Común y Federal, así como los Centros de Readaptación Social.
Por las primeras dependencias que el inculpado cruza, su estancia es por corto tiempo; pero llega a los Centros de reclusión, donde pueden estar desde algunos meses, hasta muchos años. En éstos centros, el Estado gasta en nóminas para empleados, armamento y equipo para salvaguardar la seguridad, mantenimiento de instalaciones, luz, agua, teléfono, alimentación a internos, servicios médicos, servicios educativos, talleres y muchos gastos más. Lo cual significa una erogación muy alta para el Estado.
Es por ello que es necesario destinar fondos suficientes para prevenir el delito y por otro lado, dar un tratamiento adecuado a los sujetos privados de su libertad. Un tratamiento en el cual se le den todos los elementos necesarios para que el sujeto pueda reorientar su conducta y no sólo deje de hacer daño a la sociedad, sino que se convierta en un hombre de bien y productivo.
Programas de tratamiento adecuados, significarían un incremento en el gasto para el Estado. Pero a largo plazo resulta más costoso el reciclaje criminal, ya que los sujetos sin tratamiento reinciden en forma continua, echando a andar toda la maquinaria de Seguridad Pública. Y lo más delicado no es el costo económico que ésto significa, sino el costo social por el daño continuo a otros individuos.
Es necesario realizar una política criminológica que abata, dentro del humanismo y alcances científicos actuales, dichos costos para que sean aplicados en otros campos sociales más productivos
Fuente: Periodico Frontera
Autor: Mtro. Jesús Cureces Ríos
Criminólogo - Penitenciarista
